Trece días faltan me exactamente para cumplir la mayoría de edad, el momento más importante de mi juventud dicen, donde dejo de ser un adolescente lascivo y rebelde y actúo conforme a mis propios pensamientos, el culmen de mi formación ciudadana. ¿Qué le sugiere si le digo que no estoy tan ilusionado como se espera que lo esté un chaval en mis mismas condiciones?, que aparte de poder conducir, comprar alcohol y mantener cierta independencia en lo doméstico, al alcanzar la mayoría de edad se obtienen derechos, que es lo que precisamente no me fascina.
En un estado democrático y retórico como es la Monarquía Constitucional española, se da por entendido en la totalidad de la población- o al menos aquellos que manejan la ciudadanía a “nivel de usuario”- reclama y aplica sus derechos. Queda de “sobrao” dejar claro al agente de seguridad que como ciudadano tienes tus derechos, que no pueden retenerte por triplicar la tasa de alcohol. En este contexto, lo que únicamente unos pocos ciudadanos de esta caótica nación saben es que al ciudadano se le entrega una serie derechos, sí, pero siempre a cambio de una serie- quizás mayor- de obligaciones, sobre lo que no todo el mundo está tan de acuerdo, ya que a nadie le gusta responder ante notario de sus actos.
Es curioso ver como esta situación se aliena y se apodera de la sociedad española exponencialmente:
Con la llegada de la democracia y el estado de derecho, para no ser menos que nuestros compatriotas de la CEE, pusimos en práctica en plena crisis económica y política medidas del llamado “estado del bienestar” con plenitud de derechos como el derecho de autodeterminación de los pueblos, que derivó en el nacimiento de las Comunidades Autónomas, el derecho de estas agrupaciones provinciales a mantener su propia diplomacia exterior, las curiosas embajadas andaluzas y catalanas en Costa Rica- donde nacieron las famosas galletas-, el derecho a una educación pública de calidad- en la cual un 33% de jóvenes que no lograron superar los exámenes de la E.S.O-, atención sanitaria gratuita, etc.
Lo que tardó un poco más en llegar y no llegó a ponerse en práctica en su totalidad es la conciencia social de la existencia de unas obligaciones como ciudadano: tributar, respetar las leyes, etc., donde lo individual favorece en contraposición a lo colectivo.
En un país donde la economía sumergida representa un 25% de su PIB, donde cada año dejan de ingresarse la friolera cantidad de 70.000 millones de euros como consecuencia del fraude fiscal, en un país en el cual los ciudadanos dejan de lado sus obligaciones como ciudadanos, en consecuencia, los derechos de éstos no pueden ser aplicados satisfactoriamente, porque es moral y económicamente insostenible.
Así que si Vd. reclama el derecho a una educación pública de calidad como la que se imparte en Finlandia, tiene que tener en cuenta que en este país las obligaciones tributarias son mucho mayores que en el nuestro, además de que casi la totalidad de sus ciudadanos cumple con ellas, por lo que abundan en derechos. La balanza de derechos y obligaciones, del “haber” y el “deber”, es simétrica, si aquí se reclaman los mismos derechos que los finlandeses, se deben impartir las mismas obligaciones. Es de hipócrita reclamar tu derecho a la ciudadanía cuando no cumples las obligaciones propias de ésta, es un problema de base, del que no interesa hablar, que está fuertemente arraigado en nuestro día a día y al que difícilmente se le puede aplicar solución, encontrando el punto medio entre derechos y obligaciones que les resulte óptimo, porque todo el mundo quiere lo mejor para ellos hasta que realmente se dan cuenta de lo que cuesta.